SÍ: VIVIENDA PROPIA PARA TODOS.

1. ¿Qué quieren significar los organismos gubernamentales con el slogan de "El Problema de la Vivienda"?
   
2. Entrecomillamos el “Problema de la Vivienda” porque este es visualizado como tal al ser abordado por las instancias gubernamentales, dado que la población desde siempre ha encontrado soluciones propias a tal necesidad. Surge como bandera gubernamental para hacernos ver que el Gobierno se ocupa en atender las carencias nacionales pero sobre todo – y esto no se explicita - para involucrar a la Banca y los grandes constructores en el negocio; para paliar la atonía del sistema económico nacional a través de la construcción, siempre contando con captar parte sustancial de los ingresos devengados por la población, aunque estas acciones desemboquen en problemáticas como las que observamos en Tlajomulco y áreas aledañas. Todo sea por resolver “el problema de la vivienda”
3. Hay una ideología gubernamental subyacente en esta idea de dotar de vivienda propia a toda familia. Un propietario, por definición, deviene un ciudadano conservador – con un patrimonio material que cuidar, dócil al mantenimiento del statu quo. Por otra parte, los estratos populares conciben la adquisición de una vivienda como la forma esencial de capitalizar sus ahorros. Simultáneamente, el Gobierno ha abandonado el apoyo a la autoconstrucción, que ha sido por generaciones el sistema popular para proveerse de vivienda, entregando, de facto, la solución del “problema habitacional” a la Banca y los constructores. La reducción del tamaño de los lotes y las viviendas – a todas luces exiguos – se genera a partir del cálculo financiero de la Banca de qué puede otorgarse como unidad constructiva con base de los ingresos de los adquirentes para que tanto la propia Banca como los desarrolladores inmobiliarios consigan las utilidades que consideran aceptables. No se parte de las necesidades de los habitantes que a todas luces requieren lotes y viviendas más amplios que los que se les ofrecen.
4. A nuestro juicio, apoyar la autoconstrucción sería, a todas luces, un sistema preferible al esquema de actuación que se ha adoptado. Soñemos: Dejar a la población la iniciativa para la solución de sus necesidades edilicias; que el Gobierno actuara como un facilitador para ello suministrando apoyo técnico, de proyecto, para la fabricación y/o adquisición de materiales y sí, actuando decisivamente en aquello que el ciudadano-constructor no puede resolver fácilmente: la dotación de suelo urbanizado, a salvo de especuladores y en condiciones de pago asequibles a la economía familiar. Pero es obvio que el Gobierno no piensa, en ningún sentido, adoptar dicha línea. ¿Dónde quedarían los negocios actuales de la Banca y los constructores?
5. En el “problema de la vivienda”, el punto central no es la vivienda en sí, sino el suelo requerido y su ubicación. Hace unas tres décadas, un lote mínimo para vivienda – según reglamentos – era de 119 m2 (7 x 17 metros) Hoy es de 65 m2. Queda en el aire una pregunta: ¿Qué es lo que define el precio del suelo urbano, sobre todo en nuestro país?
6. Para la ubicación de las viviendas, se hace caso omiso de esa asociación necesaria entre vivienda, lugar de trabajo y equipamientos. El precio del suelo es el que rige todo el proceso. Si las distancias a recorrer implican el uso de transportes, el costo de estos traslados del grupo familiar pueden implicar una erogación cuantiosa, en ocasiones similar a la necesaria para el pago del crédito hipotecario. La situación anterior ha orillado ya a algunas familias a ofrecer en renta la propiedad y buscar otra vivienda de ubicación más favorable para sus desplazamientos cotidianos. Por otra parte, la rigidez de la ubicación de la vivienda contrasta con la usual y frecuente movilidad laboral.
7. Otro factor que viene a afectar la estabilidad de la vivienda y su entorno lo constituye la posibilidad de cambios en el uso del suelo en su área cercana. Hay que considerar que la vivienda requiere un entorno estable – que no afecte la calidad de la inversión - al menos unos 20 años (tiempo más o menos equivalente al período de amortización) y esta situación no parece ser contemplada en los llamados “planes de desarrollo urbano”. En ellos puede ser frecuente la gestación de cambios drásticos en tan solo un trienio. Cambios que pueden afectar marcadamente el valor de la propiedad. En ese tenor, la vivienda como uso del suelo compite desfavorablemente con otros (comercial, industrial, etc.) El suelo (su valor en el mercado inmobiliario) ha devenido el rey urbano: los usos comerciales e industriales se establecen en edificaciones fácilmente desmontables, lo que podríamos calificar como “arquitectura nómada” – previendo su futura migración al incrementarse el precio del suelo o al gestarse condiciones desfavorables a la empresa – llegando a no adquirir el suelo, sino rentándolo, digamos a 10 años. Es evidente que tal sistema no puede ser aplicable a la vivienda, tal como se le concibe actualmente y menos a la familia que la habita. Ante tal panorama, concluimos con una pregunta: ¿será necesario concebir el futuro de la vivienda como el de unidades móviles que sean desplazadas según varíe el precio del suelo?
8. Curiosamente, la adquisición anticipada de suelo para vivienda por parte de la instancia gubernamental - aunque aparece en toda la legislación urbana como un propósito dotado de las mejores intenciones – nunca se lleva a cabo: la generación de reservas urbanas ad hoc sería una solución para sustraer el suelo a la especulación inmobiliaria y con ello dotar de lotes y ubicaciones mejores a la futura vivienda popular. Pero tal senda parece estar llena de espinas y abrojos en torno a las grandes fortunas nacionales generadas a raíz de la especulación inmobiliaria apoyada en información privilegiada (no creo prudente citar nombres), las invasiones de terrenos y otros detalles que aderezan nuestro pintoresco anecdotario nacional.

LERMA-SANTIAGO: Todos somos responsables”

Respuesta al respecto: proverbio inglés: “Asunto de todos, asunto de nadie”
Comencemos por señalar que los inicios de la depredación y contaminación de la cuenca Lerma-Santiago data de centurias: desde el siglo XVI, las explotaciones mineras de Guanajuato deforestan el área y vierten los desechos de mercurio que utiliza a los ríos Guanajuato y Silao, afluentes del río Lerma. Otro tanto acontece con los cromatos que aporta la naciente curtiduría de León al río Turbio, también afluente del Lerma. Existirán también los subproductos del teñido de textiles en San Miguel el Grande (hoy de Allende) arrojados al río de la Laja (también afluente del Lerma), aunque estos serán de cuantía marginal. Posteriormente, la situación irá complicándose con los vertidos por la industria desde el Estado de México, Michoacán y Querétaro para alcanzar un punto crítico a la altura del complejo petroquímico ubicado en Salamanca, Guanajuato.
Señalan los lugareños que aguas arriba del citado complejo todavía puede pescarse y que aguas abajo, por el contrario, el río aparece muerto, carente de vida. Como hecho sorprendente, en época de estiaje, el río entra en combustión espontánea: ¡se incendia!
Aguas abajo, se van sumando más contaminantes: los de las porquerizas de Santa Ana Pacueco-La Piedad, los remanentes de fertilizantes de las tierras de cultivo y de innumerables industrias que han seguido ubicándose a lo largo del cauce, hasta llegar a un clímax de la contaminación en El Salto. Entonces, ¿cómo podemos señalar que todos somos responsables de ello?
En un texto ya clásico, expresa Barry Commoner: “El éxito industrial actual está basado en su fracaso ecológico”: esto es, si observaran las normas para eliminar el impacto negativo que causa al medio ambiente, dejaría de ser rentable. En consecuencia, un gran número de empresas transnacionales dedicadas a la producción de bienes con alto impacto ambiental, han migrado a países que tienen una legislación ambiental laxa, como el nuestro.
Y los empresarios sin conciencia, parten del principio de “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas” transfiriendo a la sociedad la carga de los resultados negativos de su actividad.
Tenemos la impresión de que un gran número de empresarios nacionales han adoptado la misma mentalidad que privó entre los conquistadores españoles llegados a México: “este es un territorio para explotar – y como consecuencia, le pese a quien le pese – depredar, en la persecución de ganancias” Parece ser que como consecuencia de lo anterior, las poblaciones mexicanas, como regla general, viven de espaldas a los ríos: las conciben como drenajes, mientras que en otras culturas, las localidades viven de frente a los ríos, cuidándolos como parte del patrimonio cultural, paisajístico y en resumen, vital.
¿Cómo sacudirnos de esta herencia, de esta mentalidad, cobrando conciencia de que los fenómenos medioambientales no reconocen fronteras político -administrativas?